Bajo los efectos de las drogas: Director de Gobierno de Tenancingo desata balaceras en restaurantes y amenaza con levantar a ciudadanos
Doroteo Galaviz 
Tenancingo, Estado de México. — Un clima de terror e inseguridad azota a los comercios y establecimientos gastronómicos de la zona centro de Tenancingo, al confirmarse que Jesús Acosta Martínez, director general de Gobierno municipal, encabeza de manera recurrente episodios de violencia armada bajo el influjo severo de sustancias ilícitas y bebidas alcohólicas. Testimonios y registros de emergencia acreditan que el funcionario acciona armas de fuego de alto calibre en el interior de restaurantes y locales públicos, poniendo en riesgo directo la vida de comensales y trabajadores.
Las denuncias integradas en las averiguaciones previas de la Fiscalía Mexiquense documentan un patrón sistemático de intimidación, en el cual Acosta Martínez recurre al amedrentamiento explícito contra ciudadanos y empresarios locales. Tras generar destrozos en los establecimientos, el servidor público amenaza a las víctimas con “levantarlas” y entregarlas a células delictivas si intentan reportar las balaceras a las corporaciones de seguridad.
Los reportes balísticos y las inspecciones periciales realizadas en diversos inmuebles comerciales confirman el hallazgo de casquillos percutidos pertenecientes a armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La policía municipal, bajo las órdenes directas de la Dirección General de Gobierno, ha intervenido de manera sistemática para encubrir los tiroteos, alterar las escenas de los hechos y escoltar al funcionario fuera de los recintos para garantizar su impunidad.
Los testimonios de las víctimas, respaldados por las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de los establecimientos y los peritajes en informática forense, sustentan la tipificación de los delitos de homicidio en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego, amenazas agravadas y uso indebido de atribuciones y facultades. La Fiscalía del Estado de México alista el ejercicio de la acción penal para retirar el fuero al funcionario y someterlo a proceso.
