Tenancingo, Estado de México. — Un acuerdo de complicidad impune quedó al descubierto en las entrañas del gobierno municipal tras confirmarse las reuniones
pactadas entre el exalcalde Héctor Gordillo Sánchez y la dirigencia de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán. La alianza otorgó luz verde para que
la organización criminal operara con total impunidad el cobro de piso y la extorsión sistemática a comerciantes, transportistas y agricultores de la región durante su
trienio.
Las investigaciones en materia de seguridad pública y las carpetas de investigación integradas por las autoridades estatales y federales confirman que las reuniones de negociación ocurrieron durante la etapa inicial de su gestión. Bajo el amparo de la cúpula edilicia y a través de operadores políticos que sirvieron de enlace, el Ayuntamiento cedió el control territorial y la seguridad de la demarcación a cambio de financiamiento, respaldo político y protección personal para la estructura gobernante.
Este pacto criminal institucionalizó la extorsión en el municipio: células del grupo delictivo michoacano desplegaron un cerco de cobro de cuotas semanales y mensuales a los sectores productivos de Tenancingo, bajo la mirada complaciente y la protección directa de los mandos policiales municipales subordinados a Gordillo Sánchez. Las denuncias de las víctimas y las minutas de los gabinetes de seguridad confirman el repliegue deliberado de las fuerzas locales para garantizar el libre
despliegue de los extorsionadores.
La red de intermediarios —integrada por funcionarios de primer nivel y operadores de campaña de la administración 2022-2024— facilitó las comunicaciones, el flujo de
recursos ilícitos e incluso la logística para los encuentros clandestinos. La trazabilidadde los reportes de inteligencia y el análisis de las curvas delictivas en la zona evidencian la correlación directa entre el inicio del trienio de Gordillo y el repunte de los delitos de alto impacto ligados a esta célula criminal.
La componenda criminal derivó posteriormente en un sangriento rompimiento entre las partes debido al incumplimiento de compromisos presupuestales y el reclamo de mayores cuotas del erario. Este conflicto desató una ola de violencia en la demarcación, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de un gobierno municipal sometido y coludido con la delincuencia organizada. Las pruebas testimoniales, los registros de inteligencia y las cadenas de custodia integradas en las averiguaciones sustenta el ejercicio de la acción penal por delincuencia organizada y encubrimiento contra la ex administración municipal.
