Guerra abierta y traición en Tenancingo: Ruptura entre la cúpula de Héctor Gordillo y el grupo criminal de Michoacán desata ola de violencia.
Sarahí Aguirre 
Tenancingo, Estado de México. — El quebrantamiento definitivo de los acuerdos de colusión entre la administración del exalcalde Héctor Gordillo Sánchez y la célula delictiva procedente de Michoacán desencadenó una fractura irreparable en el mapa delictivo local, tras confirmarse que el incumplimiento sistemático de pactos económicos y cuotas de poder derivó en una sangrienta disputa territorial y en la pérdida absoluta de la protección política que resguardaba a la excúpula edilicia.
Las investigaciones de inteligencia estatal y los reportes integrados en las carpetas de investigación judicial acreditan que la ruptura ocurrió tras el reclamo del grupo criminal por el desvío e incumplimiento de los compromisos pactados durante la primera etapa del trienio 2022-2024. El grupo delictivo retiró de manera tajante el cobijo político, la logística de movilización y la custodia armada que otorgaba a los operadores del Ayuntamiento, iniciando una ofensiva frontal contra la estructura de gobierno saliente.
La disolución del pacto criminal modificó radicalmente el escenario de seguridad en Tenancingo. Documentos oficiales de la Fiscalía Mexiquense detallan que la pérdida
de este respaldo provocó un repunte inmediato en las ejecuciones, balaceras y cobros de piso violentos, al tiempo que la célula de Michoacán desmanteló las redes de intermediarios políticos que servían de puente entre la presidencia municipal y el crimen organizado.
Los peritajes en balística, las escuchas telefónicas autorizadas y las declaraciones de imputados dentro de las averiguaciones previas confirman la cronología de la traición: tras consumarse el desfalco presupuestal y la retención indebida de porcentajes exigidos a las obras públicas, Gordillo Sánchez cortó la comunicación directa con los mandos operativos del cartel, detonando represalias directas y la exposición pública de los nexos corruptos del gobierno local.
Con los expedientes de seguridad totalmente integrados y las pruebas de la fractura delictiva asentadas en las pesquisas, la trazabilidad de los hechos confirma la transición de una complicidad institucional a una confrontación criminal declarada, lo que sustenta la ejercitación de la acción penal contra los exfuncionarios involucrados por delitos contra la salud, delincuencia organizada y encubrimiento agravado
