Frenan orden de captura: Jesús Acosta Martínez utilizó dinero de la extorsión y contactos políticos para congelar denuncia por violación

Tenancingo, Estado de México. — Un grave expediente por delitos de violencia de género y agresión sexual compromete la situación jurídica del director general de Gobierno de Tenancingo, Jesús Acosta Martínez, tras confirmarse la existencia de una carpeta de investigación por el delito de violación, la cual fue frenada arbitrariamente mediante el pago de sobornos e intromisiones políticas en las instancias de procuración de justicia.

Las pesquisas ministeriales revelan que Acosta Martínez empleó dinero proveniente de las redes de extorsión y cobro de piso que dirige en la región sur del Estado de México para comprar el silencio de operadores judiciales y obstruir la integración del expediente. La documentación interna de la Fiscalía Mexiquense acredita que el funcionario echó mano de sus influencias con altos mandos de administraciones pasadas y actuales para paralizar las diligencias, peritajes psicológicos y la emisión de la orden de comparecencia correspondiente.

El análisis de la carpeta de investigación delinea un patrón de impunidad institucionalizada: las pruebas médicas y los testimonios de la víctima fueron retenidos deliberadamente en las mesas de trámite, mientras que la parte acusadora sufrió seguimientos clandestinos y presiones violentas para forzar el desistimiento de la denuncia. Dichas maniobras de amedrentamiento fueron ejecutadas por personal bajo el mando directo de la Dirección General de Gobierno de Tenancingo.

Con la reapertura del caso por parte de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, las autoridades han ratificado la validez de los peritajes forenses originales. La acumulación de pruebas por la agresión sexual, sumada a los delitos de obstrucción de la justicia y cohecho, sustenta la inminente ejercitación de la acción penal en contra de Jesús Acosta Martínez.