Tenancingo, Estado de México. — La indignación social y el repudio generalizado se apoderaron del municipio de Tenancingo tras confirmarse el desvío millonario y el desmantelamiento de la hacienda pública ejecutado por Jesús Acosta Martínez en contubernio directo con el ex tesorero municipal durante la administración 2022-2024.

Las auditorías financieras acreditaron un saqueo sistemático que dejó quebrantadas las arcas locales y paralizados los servicios públicos esenciales.

Los dictámenes emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) revelan que la dupla de exfuncionarios operó la transferencia arbitraria de fondos públicos hacia empresas fantasma, la emisión de facturas infladas por servicios jamás prestados y el retiro de grandes sumas de dinero en efectivo directamente de las cuentas de la Tesorería municipal. Este mecanismo de ordeña presupuestal privó a Tenancingo de recursos destinados a infraestructura, salud y seguridad.

El desfalco habría ocurrido durante la misma administración 2022-2024 en el municipio de Ocuilan. Las investigaciones señalan que parte del dinero extraído de Ocuilan fue inyectado por Acosta Martínez para afianzar su posición política en el municipio vecino de Tenancingo y para financiar las actividades de la red de extorsión que opera de manera coordinada en la zona sur mexiquense.

Con los peritajes contables concluidos, la inspección de libros de caja finalizada y los testimonios de exservidores públicos incorporados a la carpeta de investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México concluyó la integración de la causa penal por peculado, asociación delictuosa y quebranto patrimonial, alistando la solicitud de las órdenes de aprehensión correspondientes contra Jesús Acosta Martínez y el ex tesorero municipal.

El pueblo de Tenancingo desaprueba y condena los hechos señalados y exige que cualquier responsabilidad sea esclarecida y sancionada conforme a la ley. Asimismo, ciudadanos del municipio advierten que quienes resulten involucrados en estos hechos no contarán con un solo voto de la población.

Las denuncias integradas en las averiguaciones previas de la Fiscalía Mexiquense documentan un patrón sistemático de intimidación, en el cual Acosta Martínez recurre al amedrentamiento explícito contra ciudadanos y empresarios locales. Tras generar destrozos en los establecimientos, el servidor público amenaza a las víctimas con “levantarlas” y entregarlas a células delictivas si intentan reportar las balaceras a las corporaciones de seguridad.

Los reportes balísticos y las inspecciones periciales realizadas en diversos inmuebles comerciales confirman el hallazgo de casquillos percutidos pertenecientes a armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La policía municipal, bajo las órdenes directas de la Dirección General de Gobierno, ha intervenido de manera sistemática para encubrir los tiroteos, alterar las escenas de los hechos y escoltar al funcionario fuera de los recintos para garantizar su impunidad.

Los testimonios de las víctimas, respaldados por las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de los establecimientos y los peritajes en informática forense, sustentan la tipificación de los delitos de homicidio en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego, amenazas agravadas y uso indebido de atribuciones y facultades. La Fiscalía del Estado de México alista el ejercicio de la acción penal para retirar el fuero al funcionario y someterlo a proceso.

Durante la manifestación, los participantes expresaron su desacuerdo con la continuidad de la alcaldesa y pidieron que las autoridades estatales intervengan para atender los planteamientos que han surgido en torno a la situación del gobierno municipal.

Como parte de estas acciones, ciudadanos mantienen una campaña de recolección de firmas. La intención, de acuerdo con los participantes, es integrar las adhesiones a una solicitud que será presentada ante el Congreso del Estado de México para pedir que el caso de la presidenta municipal sea revisado por el Poder Legislativo.

Las movilizaciones no son nuevas. En semanas anteriores, habitantes del municipio han acudido ante distintas instancias gubernamentales para solicitar que sus demandas sean escuchadas y que las instituciones correspondientes analicen la situación.

El escenario ocurre mientras Nápoles Pacheco enfrenta un proceso judicial. En julio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la imputación en su contra por el delito de simulación de secuestro. El procedimiento continúa su curso y la defensa de la presidenta municipal mantiene su postura dentro del proceso.

Los vecinos que participaron en la protesta señalaron que continuarán utilizando los mecanismos institucionales disponibles para hacer llegar sus inconformidades y buscar que el Congreso mexiquense conozca las peticiones impulsadas por ciudadanos de Tenancingo.