Los números no engañan y la historia no se borra. En el proceso electoral pasado, Nava no solo perdió: le firmó al tricolor LA PEOR DERROTA DE TODA SU HISTORIA, hundiendo al partido en una agonía de la que jamás se recuperará. Calificada hoy como un auténtico “cartucho quemado”, la excandidata insiste en aferrarse a una aspiración para la que ha demostrado, una y otra vez, que NO TIENE LA CAPACIDAD CRÍTICA, TÉCNICA NI PROFESIONAL que exige la administración pública de un municipio como el nuestro.

¿Hasta dónde llega la terquedad? Sin capital político, sin estructura y con un rechazo social absoluto, la insistencia de Andrea Nava roza el descaro. Pretender gobernar Tenancingo cuando ni siquiera pudo sostener a su propio partido es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Nava no va a ganar, no tiene apoyo y su presencia solo confirma que la política local prefiere la necedad de una figura rebasada antes que aceptar su total incapacidad.

¡Ya basta de imposiciones absurdas! Para aguantar a improvisados que solo vienen a hundir al municipio, mil veces mejor nada.

Las investigaciones en materia de seguridad pública y las carpetas de investigación integradas por las autoridades estatales y federales confirman que las reuniones de negociación ocurrieron durante la etapa inicial de su gestión. Bajo el amparo de la cúpula edilicia y a través de operadores políticos que sirvieron de enlace, el Ayuntamiento cedió el control territorial y la seguridad de la demarcación a cambio de financiamiento, respaldo político y protección personal para la estructura gobernante.

Este pacto criminal institucionalizó la extorsión en el municipio: células del grupo delictivo michoacano desplegaron un cerco de cobro de cuotas semanales y mensuales a los sectores productivos de Tenancingo, bajo la mirada complaciente y la protección directa de los mandos policiales municipales subordinados a Gordillo Sánchez. Las denuncias de las víctimas y las minutas de los gabinetes de seguridad confirman el repliegue deliberado de las fuerzas locales para garantizar el libre
despliegue de los extorsionadores.

La red de intermediarios —integrada por funcionarios de primer nivel y operadores de campaña de la administración 2022-2024— facilitó las comunicaciones, el flujo de
recursos ilícitos e incluso la logística para los encuentros clandestinos. La trazabilidadde los reportes de inteligencia y el análisis de las curvas delictivas en la zona evidencian la correlación directa entre el inicio del trienio de Gordillo y el repunte de los delitos de alto impacto ligados a esta célula criminal.

La componenda criminal derivó posteriormente en un sangriento rompimiento entre las partes debido al incumplimiento de compromisos presupuestales y el reclamo de mayores cuotas del erario. Este conflicto desató una ola de violencia en la demarcación, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de un gobierno municipal sometido y coludido con la delincuencia organizada. Las pruebas testimoniales, los registros de inteligencia y las cadenas de custodia integradas en las averiguaciones sustenta el ejercicio de la acción penal por delincuencia organizada y encubrimiento contra la ex administración municipal.

Al momento de su aparición en el escenario, parte de los asistentes manifestó su rechazo mediante abucheos, silbidos y consignas. Las expresiones de los ciudadanos interrumpieron por momentos el ambiente festivo de la celebración y quedaron registradas en videos difundidos posteriormente.

Pese a la tensión generada entre algunos de los asistentes, la ceremonia continuó y concluyó sin que se reportaran enfrentamientos físicos. Elementos de seguridad y cuerpos de auxilio permanecieron en la zona durante el desarrollo del evento.

La protesta ocurre en un contexto de creciente inconformidad de un sector de habitantes hacia la administración municipal. En las últimas semanas, ciudadanos han realizado movilizaciones y han impulsado la recolección de firmas con la intención de presentar sus planteamientos ante el Congreso del Estado de México.

El contexto detrás de las protestas

El descontento también se relaciona con el proceso judicial que enfrenta la presidenta municipal.

En julio pasado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la imputación de Nápoles Pacheco por el delito de simulación de secuestro, derivado de una investigación relacionada con los hechos ocurridos el 31 de mayo de 2026.

De acuerdo con los señalamientos dados a conocer dentro de la investigación, las autoridades ministeriales han relacionado el caso con presuntas irregularidades financieras en el Ayuntamiento. Sin embargo, las acusaciones forman parte de un procedimiento judicial y corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades que, en su caso, pudieran existir.

La defensa de la presidenta municipal mantiene su postura dentro del proceso y ha rechazado los señalamientos en su contra.

Mientras el procedimiento continúa, las expresiones de inconformidad entre algunos sectores de la población han trasladado el conflicto al ámbito político y social. Las manifestaciones registradas durante la celebración del 15 de septiembre reflejan la tensión que persiste alrededor de la administración municipal.

Por ahora, el caso continúa en las instancias correspondientes, mientras habitantes inconformes mantienen sus exigencias de transparencia, rendición de cuentas y atención a sus peticiones.