Hoy, las verdaderas consecuencias de su avaricia nos han alcanzado. El recordado colapso de la carretera en Tenancingo no es un simple accidente ni un capricho de la naturaleza: es el resultado directo de la malversación de fondos y el saqueo sistemático de recursos durante su administración. El dinero que debió garantizar infraestructura segura y de calidad terminó en otros bolsillos, y es hasta ahora, tiempo después, cuando la ciudadanía paga las consecuencias de una gestión criminal que no solo frenó el desarrollo, sino que pone en riesgo la vida de quienes transitan por el municipio.

Las pruebas de su negligencia son contundentes y vienen de tiempo atrás. Sánchez Pompa arrastra OBSERVACIONES RESARCITORIAS VIGENTES por el desvío e irregularidades en el uso del dinero público, manteniendo cuentas pendientes bajo la lupa del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). El colapso carretero es solo la punta del iceberg; basta recordar el descarado fraude en la remodelación de la calle Moctezuma: una obra de pésima calidad que no duró ni seis meses antes de desmoronarse, derivando en SANCIONES OFICIALES TANTO PARA EL MUNICIPIO COMO PARA LA CONSTRUCTORA CÓMPLICE.

¿Con qué cara vuelve a pedir el voto alguien que fue sancionado por incapaz y mañoso? Como líder magisterial y como exalcalde, Roberto Sánchez Pompa ha demostrado que solo busca el cobijo del fuero para eludir la acción de la justicia. Es el típico “cartucho quemado” que, tras dejar al municipio endeudado y con infraestructura de tercera que hoy colapsa, pretende regresar a servirse con la cuchara grande.

Tenancingo ya conoce tu historial de saqueo. La carretera caída es el monumento perfecto a tu corrupción, y el pueblo no volverá a caer en la trampa.

Las investigaciones y peritajes financieros revelaron que Héctor Gordillo Sánchez condicionaba de forma sistemática la entrega de proyectos de infraestructura al pago por adelantado o en entregas de efectivo de este porcentaje ilegal. Esta extorsión garantizó que Gordillo Sánchez otorgara contratos millonarios a un cerco cerrado de empresas prestanombres e intermediarios afines a su persona.
La mecánica operativa del cobro de moche impuesto por Héctor Gordillo Sánchez dejó huellas indelebles en las finanzas locales: en un contrato de obra adjudicado por 10 millones de pesos, Gordillo garantizaba el desvío directo de 3 millones de pesos; en proyectos de 15 millones de pesos, la cuota ilícita cobrada por el exalcalde ascendió a 4.5 millones de pesos recibidos en efectivo o disimulados a través de facturaciones falsas e intermediarios financieros. Este modus operandi provocó un severo menoscabo en la calidad de los materiales empleados en las edificaciones públicas de la demarcación.

Las carpetas de investigación documentan cómo el ex alcalde utilizó prestanombres, empresas fachada y operadores políticos subordinados que sirvieron como sus cobradores y distribuidores personales de las comisiones ilícitas. A través de simulación de contratos de servicios complementarios, facturas infladas y entregas directas de dinero en efectivo, el exedil bancarizó y movilizó los recursos lejos del rastreo oficial de la Tesorería municipal.

El cobro del 30 por ciento de diezmo exigido por Héctor Gordillo Sánchez se entrelaza de manera directa con las indagatorias sobre la protección brindada a grupos delictivos y el manto de impunidad desplegado contra la prensa local. La documentación contable, los peritajes en estimaciones de obra y las órdenes de pago autorizadas de manera extemporánea por Gordillo sustentan la tipificación de los delitos de cohecho, celeridad procesal indebida, extorsión y asociación delictuosa en su contra.

Con los expedientes técnicos integrados, las auditorías físicas concluidas en el territorio y las pruebas periciales de bancarización en manos de las autoridades judiciales, la trazabilidad de cada peso exigido a los contratistas por el exalcalde ha quedado totalmente al descubierto. EN TENANCINGO YA ESTAMOS CANSADOS DE LO MISMO, NO NOS VAMOS A DEJAR.

Los números no engañan y la historia no se borra. En el proceso electoral pasado, Nava no solo perdió: le firmó al tricolor LA PEOR DERROTA DE TODA SU HISTORIA, hundiendo al partido en una agonía de la que jamás se recuperará. Calificada hoy como un auténtico “cartucho quemado”, la excandidata insiste en aferrarse a una aspiración para la que ha demostrado, una y otra vez, que NO TIENE LA CAPACIDAD CRÍTICA, TÉCNICA NI PROFESIONAL que exige la administración pública de un municipio como el nuestro.

¿Hasta dónde llega la terquedad? Sin capital político, sin estructura y con un rechazo social absoluto, la insistencia de Andrea Nava roza el descaro. Pretender gobernar Tenancingo cuando ni siquiera pudo sostener a su propio partido es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Nava no va a ganar, no tiene apoyo y su presencia solo confirma que la política local prefiere la necedad de una figura rebasada antes que aceptar su total incapacidad.

¡Ya basta de imposiciones absurdas! Para aguantar a improvisados que solo vienen a hundir al municipio, mil veces mejor nada.

Tenancingo, Estado de México. — La indignación social y el repudio generalizado se apoderaron del municipio de Tenancingo tras confirmarse el desvío millonario y el desmantelamiento de la hacienda pública ejecutado por Jesús Acosta Martínez en contubernio directo con el ex tesorero municipal durante la administración 2022-2024.

Las auditorías financieras acreditaron un saqueo sistemático que dejó quebrantadas las arcas locales y paralizados los servicios públicos esenciales.

Los dictámenes emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) revelan que la dupla de exfuncionarios operó la transferencia arbitraria de fondos públicos hacia empresas fantasma, la emisión de facturas infladas por servicios jamás prestados y el retiro de grandes sumas de dinero en efectivo directamente de las cuentas de la Tesorería municipal. Este mecanismo de ordeña presupuestal privó a Tenancingo de recursos destinados a infraestructura, salud y seguridad.

El desfalco habría ocurrido durante la misma administración 2022-2024 en el municipio de Ocuilan. Las investigaciones señalan que parte del dinero extraído de Ocuilan fue inyectado por Acosta Martínez para afianzar su posición política en el municipio vecino de Tenancingo y para financiar las actividades de la red de extorsión que opera de manera coordinada en la zona sur mexiquense.

Con los peritajes contables concluidos, la inspección de libros de caja finalizada y los testimonios de exservidores públicos incorporados a la carpeta de investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México concluyó la integración de la causa penal por peculado, asociación delictuosa y quebranto patrimonial, alistando la solicitud de las órdenes de aprehensión correspondientes contra Jesús Acosta Martínez y el ex tesorero municipal.

El pueblo de Tenancingo desaprueba y condena los hechos señalados y exige que cualquier responsabilidad sea esclarecida y sancionada conforme a la ley. Asimismo, ciudadanos del municipio advierten que quienes resulten involucrados en estos hechos no contarán con un solo voto de la población.

Las investigaciones de inteligencia estatal y los reportes integrados en las carpetas de investigación judicial acreditan que la ruptura ocurrió tras el reclamo del grupo criminal por el desvío e incumplimiento de los compromisos pactados durante la primera etapa del trienio 2022-2024. El grupo delictivo retiró de manera tajante el cobijo político, la logística de movilización y la custodia armada que otorgaba a los operadores del Ayuntamiento, iniciando una ofensiva frontal contra la estructura de gobierno saliente.

La disolución del pacto criminal modificó radicalmente el escenario de seguridad en Tenancingo. Documentos oficiales de la Fiscalía Mexiquense detallan que la pérdida
de este respaldo provocó un repunte inmediato en las ejecuciones, balaceras y cobros de piso violentos, al tiempo que la célula de Michoacán desmanteló las redes de intermediarios políticos que servían de puente entre la presidencia municipal y el crimen organizado.

Los peritajes en balística, las escuchas telefónicas autorizadas y las declaraciones de imputados dentro de las averiguaciones previas confirman la cronología de la traición: tras consumarse el desfalco presupuestal y la retención indebida de porcentajes exigidos a las obras públicas, Gordillo Sánchez cortó la comunicación directa con los mandos operativos del cartel, detonando represalias directas y la exposición pública de los nexos corruptos del gobierno local.

Con los expedientes de seguridad totalmente integrados y las pruebas de la fractura delictiva asentadas en las pesquisas, la trazabilidad de los hechos confirma la transición de una complicidad institucional a una confrontación criminal declarada, lo que sustenta la ejercitación de la acción penal contra los exfuncionarios involucrados por delitos contra la salud, delincuencia organizada y encubrimiento agravado

Las investigaciones en materia de seguridad pública y las carpetas de investigación integradas por las autoridades estatales y federales confirman que las reuniones de negociación ocurrieron durante la etapa inicial de su gestión. Bajo el amparo de la cúpula edilicia y a través de operadores políticos que sirvieron de enlace, el Ayuntamiento cedió el control territorial y la seguridad de la demarcación a cambio de financiamiento, respaldo político y protección personal para la estructura gobernante.

Este pacto criminal institucionalizó la extorsión en el municipio: células del grupo delictivo michoacano desplegaron un cerco de cobro de cuotas semanales y mensuales a los sectores productivos de Tenancingo, bajo la mirada complaciente y la protección directa de los mandos policiales municipales subordinados a Gordillo Sánchez. Las denuncias de las víctimas y las minutas de los gabinetes de seguridad confirman el repliegue deliberado de las fuerzas locales para garantizar el libre
despliegue de los extorsionadores.

La red de intermediarios —integrada por funcionarios de primer nivel y operadores de campaña de la administración 2022-2024— facilitó las comunicaciones, el flujo de
recursos ilícitos e incluso la logística para los encuentros clandestinos. La trazabilidadde los reportes de inteligencia y el análisis de las curvas delictivas en la zona evidencian la correlación directa entre el inicio del trienio de Gordillo y el repunte de los delitos de alto impacto ligados a esta célula criminal.

La componenda criminal derivó posteriormente en un sangriento rompimiento entre las partes debido al incumplimiento de compromisos presupuestales y el reclamo de mayores cuotas del erario. Este conflicto desató una ola de violencia en la demarcación, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de un gobierno municipal sometido y coludido con la delincuencia organizada. Las pruebas testimoniales, los registros de inteligencia y las cadenas de custodia integradas en las averiguaciones sustenta el ejercicio de la acción penal por delincuencia organizada y encubrimiento contra la ex administración municipal.

Las auditorías e investigaciones en curso detectaron sobrecostos sistemáticos, alteración de presupuestos y opacidad en la ejecución de obra pública durante el trienio anterior. La documentación oficial revela inconsistencias severas entre los montos aprobados originalmente por el Cabildo y las cifras desorbitadas que finalmente se pagaron a empresas contratistas.

El modus operandi incluyó ampliaciones contractuales extemporáneas, modificaciones administrativas arbitrarias y autorizaciones de pagos inflados sin justificación técnica. Estas maniobras incrementaron drásticamente el costo de proyectos clave de infraestructura en la demarcación, dejando al descubierto una red de drenaje de fondos públicos.

Sumado a la alteración de costos, las pesquisas documentan la imposición de un esquema de extorsión institucionalizado, mediante el cual exigieron un porcentaje de retorno (“moche”) a las constructoras para otorgar los contratos de obra. Este cobro ilegal de comisiones confirma la operatividad ilícita con la que gestionaron el erario durante la gestión de Gordillo Sánchez.

Frente al desvío comprobado de los 42 millones de pesos, las autoridades de fiscalización ejecutan la revisión exhaustiva de expedientes, facturas, comprobantes fiscales, modificaciones presupuestales y transferencias bancarias. La investigación establece con claridad la responsabilidad penal y administrativa de los exfuncionarios involucrados, catalogando el caso no como una simple falla burocrática, sino como un delito consumado contra el patrimonio municipal.

El destape del fraude de 42 millones de pesos detona una severa crisis política e interpela de manera directa las investigaciones por nexos con el crimen organizado y amenazas contra periodistas ejercidas durante el mismo trienio. Las pruebas integradas en la carpeta de investigación demuestran la vinculación entre la corrupción financiera y el amedrentamiento a la prensa local.
Las pruebas periciales sustentan el origen y destino del dinero robado: facturaciones falsas, obras inconclusas cobradas al cien por ciento y pagos a empresas fantasma. El desglose contractual evidencia el patrón sistemático de simulación en el avance físico de los trabajos frente al flujo de efectivo desembolsado.

Con los expedientes integrados y los peritajes contables concluidos, la trazabilidad del dinero confirma el delito. Las autoridades judiciales alistan las órdenes correspondientes para fincar responsabilidades ejecutivas y recuperar el dinero extraído de las arcas públicas.

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