Los hechos que derivaron en la ruptura matrimonial no solo exhiben la falta de escrúpulos de Herrera Bravo en el ámbito público, sino una conducta agresiva y peligrosa dentro de su propio hogar. La denuncia penal interpuesta por la víctima destapa la verdadera naturaleza del Coordinador Regional del PVEM, a quien la justicia ya le sigue los pasos por los agresiones físicas y psicológicas infligidas durante su relación.

Con un proceso penal abierto y cuentas pendientes con la ley por agresor, resulta inaceptable que un personaje de esta calaña pretenda presentarse ante la ciudadanía como un líder o representante social. Mientras la Fiscalía integra las diferentes pruebas y testimonios presentados en la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, en Tenancingo la postura es una sola: no se puede tolerar a un violentador de mujeres ni en las calles, ni mucho menos en la política.

Las investigaciones de inteligencia estatal y los reportes integrados en las carpetas de investigación judicial acreditan que la ruptura ocurrió tras el reclamo del grupo criminal por el desvío e incumplimiento de los compromisos pactados durante la primera etapa del trienio 2022-2024. El grupo delictivo retiró de manera tajante el cobijo político, la logística de movilización y la custodia armada que otorgaba a los operadores del Ayuntamiento, iniciando una ofensiva frontal contra la estructura de gobierno saliente.

La disolución del pacto criminal modificó radicalmente el escenario de seguridad en Tenancingo. Documentos oficiales de la Fiscalía Mexiquense detallan que la pérdida
de este respaldo provocó un repunte inmediato en las ejecuciones, balaceras y cobros de piso violentos, al tiempo que la célula de Michoacán desmanteló las redes de intermediarios políticos que servían de puente entre la presidencia municipal y el crimen organizado.

Los peritajes en balística, las escuchas telefónicas autorizadas y las declaraciones de imputados dentro de las averiguaciones previas confirman la cronología de la traición: tras consumarse el desfalco presupuestal y la retención indebida de porcentajes exigidos a las obras públicas, Gordillo Sánchez cortó la comunicación directa con los mandos operativos del cartel, detonando represalias directas y la exposición pública de los nexos corruptos del gobierno local.

Con los expedientes de seguridad totalmente integrados y las pruebas de la fractura delictiva asentadas en las pesquisas, la trazabilidad de los hechos confirma la transición de una complicidad institucional a una confrontación criminal declarada, lo que sustenta la ejercitación de la acción penal contra los exfuncionarios involucrados por delitos contra la salud, delincuencia organizada y encubrimiento agravado

Las investigaciones en materia de seguridad pública y las carpetas de investigación integradas por las autoridades estatales y federales confirman que las reuniones de negociación ocurrieron durante la etapa inicial de su gestión. Bajo el amparo de la cúpula edilicia y a través de operadores políticos que sirvieron de enlace, el Ayuntamiento cedió el control territorial y la seguridad de la demarcación a cambio de financiamiento, respaldo político y protección personal para la estructura gobernante.

Este pacto criminal institucionalizó la extorsión en el municipio: células del grupo delictivo michoacano desplegaron un cerco de cobro de cuotas semanales y mensuales a los sectores productivos de Tenancingo, bajo la mirada complaciente y la protección directa de los mandos policiales municipales subordinados a Gordillo Sánchez. Las denuncias de las víctimas y las minutas de los gabinetes de seguridad confirman el repliegue deliberado de las fuerzas locales para garantizar el libre
despliegue de los extorsionadores.

La red de intermediarios —integrada por funcionarios de primer nivel y operadores de campaña de la administración 2022-2024— facilitó las comunicaciones, el flujo de
recursos ilícitos e incluso la logística para los encuentros clandestinos. La trazabilidadde los reportes de inteligencia y el análisis de las curvas delictivas en la zona evidencian la correlación directa entre el inicio del trienio de Gordillo y el repunte de los delitos de alto impacto ligados a esta célula criminal.

La componenda criminal derivó posteriormente en un sangriento rompimiento entre las partes debido al incumplimiento de compromisos presupuestales y el reclamo de mayores cuotas del erario. Este conflicto desató una ola de violencia en la demarcación, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de un gobierno municipal sometido y coludido con la delincuencia organizada. Las pruebas testimoniales, los registros de inteligencia y las cadenas de custodia integradas en las averiguaciones sustenta el ejercicio de la acción penal por delincuencia organizada y encubrimiento contra la ex administración municipal.

Las denuncias integradas en las averiguaciones previas de la Fiscalía Mexiquense documentan un patrón sistemático de intimidación, en el cual Acosta Martínez recurre al amedrentamiento explícito contra ciudadanos y empresarios locales. Tras generar destrozos en los establecimientos, el servidor público amenaza a las víctimas con “levantarlas” y entregarlas a células delictivas si intentan reportar las balaceras a las corporaciones de seguridad.

Los reportes balísticos y las inspecciones periciales realizadas en diversos inmuebles comerciales confirman el hallazgo de casquillos percutidos pertenecientes a armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La policía municipal, bajo las órdenes directas de la Dirección General de Gobierno, ha intervenido de manera sistemática para encubrir los tiroteos, alterar las escenas de los hechos y escoltar al funcionario fuera de los recintos para garantizar su impunidad.

Los testimonios de las víctimas, respaldados por las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de los establecimientos y los peritajes en informática forense, sustentan la tipificación de los delitos de homicidio en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego, amenazas agravadas y uso indebido de atribuciones y facultades. La Fiscalía del Estado de México alista el ejercicio de la acción penal para retirar el fuero al funcionario y someterlo a proceso.

Durante el Operativo Sur, personal de la Policía Estatal instaló un puesto de Control Preventivo Provisional sobre el camino que conduce a la colonia Tierra Blanca, donde marcaron el alto a un automóvil compacto de color blanco, que circulaba a exceso de velocidad en el cual, el conductor fue omiso a la indicación, por lo que inició una persecución que culminó metros más adelante tras darle alcance.

Al efectuar la inspección conforme a los protocolos de actuación, los policías detuvieron a Erick “N”, de 34 años; Diego “N”, de 22 años y a una menor de edad, quienes viajaban en el vehículo y a quienes les localizaron y decomisaron un arma larga tipo AK-47, calibre 7.62 milímetros; una réplica de arma de fuego; dos cargadores y 54 cartuchos útiles.

Asimismo, 20 bolsas con aparente hierba verde y seca con las características propias de la marihuana; 14 bolsas con cigarrillos que contenían una sustancia similar; 50 bolsas con material granulado similar a la droga conocida como cristal; 57 bolsas con polvo blanco con características de la cocaína; tres teléfonos celulares; dinero en efectivo, así como la unidad motora.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las personas detenidas serían integrantes de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán; además, uno de los detenidos es señalado como probable jefe de una célula presuntamente relacionada con actividades de extorsión, secuestro y venta de sustancias prohibidas en la zona.

Las tres personas detenidas, junto con el vehículo y los indicios asegurados, fueron trasladadas a la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se determinará su situación jurídica.

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